No entendemos como puede defenderse una Ley de Telecomunicaciones que da pie a la masiva proliferación de antenas de telefonía móvil mediante la expropiación forzosa de tejados y azoteas en favor de las operadoras que quieran instalar antenas, suprimiendo la obtención de licencias, y no recoge las recomendaciones del Consejo de Europa para reducir la exposición a los campos electromagéticos.
Pero lo que es más grave, no entendemos como el ministro José Manuel Soria y un antiabortista declarado además de defensor de la vida como Javier Puente Redondo portavoz del PP en la comisión para más señas, es capaz de aprobar una ley que va en contra de la calidad de vida y de la salud de las personas. Como tampoco entendemos que un partido como el Psoe haga el juego a leyes como esta que solo perjudican a los ciudadanos y benefician a las operadoras, no nos queda que pensar en los favores que recibirán sus señorías en futuros consejos de administración de estas compañías. Pero esto es el PPsoe. Y que decir de CIU tan enemistada con el gobierno en cuestiones territoriales (al igual que ERC que se ha abstenido), pero tan amiga del mismo a la hora de votar esta y otras leyes en el Congreso o en Ayuntamientos como el de Barcelona donde son capaces de votar en contra de que retiren a la infanta sus títulos honoríficos anteriormente otorgados, debe ser por cosas como por quien es el abogado de la Infanta Miquel Roca de CIU.
Agradecemos a los partidos que han votado en contra y en especial a IU por las críticas efectuadas que están en consonancia con la nota de prensa efectuada por la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética y a continuación reproducimos, y todo ello a pesar de su esfuerzo porque sus recomendaciones fueran tenidas en cuenta y que fueron trasladadas a los principales grupos políticos en la reuniones llevadas a cabo.
Nota de Prensa de la PECCEM.
Aprobado
en el Congreso por el PP, PSOE y CIU. Continúa su trámite en el Senado.
Los grupos
políticos no han tenido en cuenta las preocupaciones de los afectados ni de los
grupos sociales
* Adoptar todas las medidas razonables para
reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las
radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles, y en especial la
exposición de los/as niño/as y jóvenes que al parecer corren el mayor riesgo de
tumores de la cabeza.
*Reconsiderar la base científica
actual.
* Prestar especial
atención a las personas "electrosensibles" afectadas por un síndrome
de intolerancia a los campos electromagnéticos.
* Dar preferencia para
los/as niños/as en general, y en especial en los centros de enseñanza y en las
aulas, a las conexiones a Internet por cable, y regular estrictamente el uso de
teléfonos móviles por parte de los/as niños/as en el recinto escolar.
Los
ciudadanos organizados nos sentimos desconcertados ante las incongruencias y la
falta de sintonía entre los diferentes instituciones que elegimos y nos
representan y sobre todo por la inconcebible falta de atención del Parlamento
español ante las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria
de Europa.
Esta Ley permitirá un aumento de
estaciones base y redes inalámbricas con el consiguiente aumento, también, de
los niveles de exposición de la población a las radiofrecuencias, que seguirán
en aumento a medida que avanza la tecnología.
La no revisión, antes de la
aplicación de esta Ley de Telecomunicaciones, del Real Decreto Ley 1066/2001
que establece las restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas y, como dice el
Consejo de Europa, “esperar a que haya
niveles altos de prueba científica y clínica antes de tomar medidas para prevenir riesgos bien conocidos puede
llevarnos a costes económicos y sanitarios muy elevados, como fue el caso del
amianto, la gasolina con plomo y el tabaco.”
Suprimir las licencias urbanísticas y
medioambientales para el despliegue de las redes sustituyéndolo por una simple
declaración de responsabilidad representa un grave recorte de las competencias
municipales y autonómicas en materia de medio ambiente, salud pública,
seguridad pública y ordenación urbana, olvidando los derechos de los ciudadanos
a vivir en un medio ambiente saludable y a preservar el derecho a la salud.
Pedimos a nuestros representantes que
atienda a las demandas y preocupaciones de los ciudadan@s y que pongan por
delante de los intereses particulares y lucrativos de las grandes corporaciones
el derecho básico a la salud de la población introduciendo en el trámite del
Senado de esta Ley las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa.